José María Desantes sostiene en su libro “La función de informar” que “la constitucionalización progresiva del derecho a la información es una de las más importantes vías de perfectibilidad del Estado”, precisamente uno de los desafíos del Estado democrático moderno radica en asegurar a sus ciudadanos que reciban la máxima información posible.
Y eso puede ser posible garantizando a todos libertad de expresión sin excepción, ser fuente informativa y acceder a otras. Pero también regulando la profesión periodística desde la perspectiva legal y ética. Entendiendo que la profesión informativa se construye en torno al deber de informar, con el compromiso de contextualizar y verificar la información.
En 1985 en el simposio sobre La verdad y La prensa, Francés Fitzgerald señaló, “decir que el público tiene derecho a saber, equivale a afirmar que el gobierno tiene el deber de permitir que las personas reciban la información que necesitan como ciudadanos de una democracia”
De otro lado la fuerza tecnológica y el alcance de los medios crece, ampliando cada vez más los límites de acción y decisión de las propias personas. No basta ahora con tener una opinión con lo que sucede a nivel regional o nacional; es necesario tener datos precisos y establecer comparaciones con hechos de lugares remotos. Produciéndose así lo que Mac Luhan llamó la “Aldea global”.
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